La crisis de los prestadores de salud. Los grandes perdedores entre las prepagas y las medidas del gobierno

Desde el inicio de la nueva administración gubernamental y a raíz del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70, el sector de medicina prepaga ha experimentado cambios significativos al modificarse la Ley N° 26.682 “Marco Regulatorio de Medicina Prepaga”. La derogación de la facultad de la Superintendencia de Servicios de Salud para autorizar los valores de las cuotas y sus aumentos ha dejado al “libre mercado” la determinación de precios. Esta medida ha resultado en aumentos significativos y sin límite durante los primeros meses del año por parte de las Empresas de Medicina Prepaga (EMPP), con incrementos promedio que oscilan entre el 130% y 150%. Estos ajustes han superado ampliamente la inflación del mismo período y se han implementado sin considerar el deterioro del poder adquisitivo de los afiliados, quienes ya venían afectados por la alta inflación del año anterior.

Para los prestadores de servicios de salud, estos aumentos podrían haber representado un alivio potencial, dado que en algunos casos una parte considerable se trasladó a los aranceles. Aproximadamente, considerando un traslado del 90%, los prestadores podrían haber recibido aumentos del 118% aproximadamente durante el primer cuatrimestre del año. Con la desregulación del mercado y la eliminación de la norma que obliga el traslado del 90%, los aumentos en los aranceles quedan sujeto a las negociaciones individuales entre prestadores y financiadores. Esta nueva dinámica probablemente ampliará la brecha entre aquellos que logran acuerdos beneficiosos y aquellos que no, reflejando así un cambio significativo en el equilibrio de poder dentro del sector de la salud privada.

De existir un retraso en los valores de las cuotas en relación a la estructura de costos de las EMPP, su recuperación no debería realizarse de manera tan abrupta. Esta situación llevó a numerosos amparos individuales y colectivos para detener dichos incrementos, lo que finalmente obligó al gobierno a intervenir con una medida cautelar contradictoria a sus propias políticas. Esta medida dictaminó que las EMPP debían retrotraer los aumentos aplicados, limitándolos a valores que no superen la inflación, y devolver a los usuarios las diferencias cobradas.

Inicialmente aplicada solo a un grupo reducido de 7 empresas, luego se extendió hasta alcanzar al 95% del mercado de prepagas. Este proceso evidenció la complejidad y sensibilidad del ajuste de las cuotas en un contexto inflacionario, y la necesidad de políticas que protejan el poder adquisitivo de los beneficiarios mientras aseguran la sostenibilidad del sector de la salud privada.

Esto implica no sólo la revisión de las cuotas en forma retroactiva, con aumentos ya aplicados y la necesidad de buscar la forma de devolución del aumento excedente, sino también la revisión de los aranceles a los cuáles también se incrementaron, por demás. En algunos casos, la respuesta de los financiadores a los prestadores era dejar el excedente del aumento a cuenta de futuros aumentos.

Aún con los aumentos recibidos, considerando que se trasladó el 90% de los aumentos de las cuotas de los primeros meses del año y tomando el período 2023 a junio 2024 (según la inflación proyectada REM para el mes de junio), el aumento de los aranceles se encuentra por debajo de la inflación entre un 20 a 25% estimado.

 A partir de Julio la medida cautelar quedó sin efecto, y se volvió a dejar libre el mercado para la definición de las cuotas y, en consecuencia, los aranceles. El sector prestador está en crisis, y requiere una fuerte recomposición de los valores arancelarios. La recomposición de los valores arancelarios se vuelve indispensable no solo para asegurar la viabilidad económica de estos prestadores, sino también para garantizar que las personas continúen recibiendo servicios de calidad en todo el país.

En los últimos años, el incremento de los costos operativos, la inflación y la insuficiencia de los aumentos en los aranceles han llevado a un desajuste significativo entre los ingresos y los costos de los proveedores de salud. Esta brecha se ha visto exacerbada por la falta de un mecanismo de ajuste adecuado que permita a los prestadores actualizar los aranceles de manera proporcional a la inflación y a los aumentos de costos. Los profesionales de la salud, esenciales para el funcionamiento del sistema, también enfrentan la necesidad de mejoras salariales y condiciones laborales justas, que a su vez dependen de una adecuada actualización de los aranceles.