CA.DI.ME le pidió a la Superintendencia de Servicios de Salud que garantice la continuidad regular de los pagos que reciben los prestadores de parte de las obras sociales y prepagas.
Por la Emergencia sanitaria del Covid-19, el 98% de las empresas de atención ambulatoria del país sufrió una caída de su nivel de actividad y el 55% observa aumentos inusuales en el precio de sus insumos.
Desde la Cámara de Instituciones de Diagnostico Medico – que representa a las empresas de este subsector de la salud en todo el país y en todas las especialidades (Análisis Clínicos, Anatomía Patológica, Diagnóstico por Imágenes, Radioterapia, Consultorios Médicos, Oftalmología, Odontología, Kinesiología, Diálisis y demás prácticas ambulatorias) – se manifestó la preocupación por el agravamiento de la situación crítica en la que se encuentran las empresas mayoritariamente pymes de este sector, actores claves para la atención primaria de la salud y generadoras de 65.000 puestos de trabajo técnicos y administrativos y 20.000 empleos para profesionales bioquímicos, médicos, médicos especialistas, odontólogos, etc.
El cierre temporario de la mayoría de los establecimientos ambulatorios, la atención en horarios reducidos, en determinadas especialidades y solo en casos de urgencia, con el objeto de no afectar el aislamiento social obligatorio y la salud de la población, ha agravado la ya comprometida situación de estos prestadores, imposibilitándoles enfrentar sus obligaciones ante la abrupta caída de sus ingresos.
En este escenario, CA.DI.ME se dirigió al Superintendente de Servicios de Salud de la Nación con fecha 3/4/2020, Licenciado Eugenio Zanarini, y le solicito que en su carácter de organismo regulador de las obras sociales nacionales y entidades de la medicina prepaga, adopte con urgencia “medidas protectorias para este relevante entramado de efectores que garantizan accesibilidad a la población argentina, evitando así la pérdida irreparable de oferta prestacional del sistema de salud”.
Dichas acciones deben garantizar la continuidad regular de los pagos que reciben los prestadores de parte de las obras sociales y prepagas, y en plazos cortos y razonables.
Según una encuesta a nivel nacional realizada por CA.DI.ME, el 98% de los prestadores manifestó una significativa caída en su nivel de trabajo habitual, el 43% se encontró con problemas para la compra o abastecimiento de sus insumos esenciales, y el 55% observó aumentos inusuales en sus insumos y servicios necesarios para su actividad.
Finalmente la Cámara destaco las recientes medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para ayudar a los prestadores pequeños y medianos del sector que ya venían atravesando una difícil situación a través del Decreto 300/2020, como la reducción de las alícuotas de sus contribuciones y del impuesto al cheque –que la AFIP debe instrumentar de manera urgente – entre otras de relevancia, pero le reitero la necesidad de la pronta instrumentación de medidas complementarias que regulen los ingresos de las pymes prestadoras del sector ambulatorio y no solo sus costos.