La Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), con la participación de CA.DI.ME, y las autoridades de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (FATSA),compartieron la preocupación por la situación del sector de los prestadores de salud.
Representantes del sector empresario y de los trabajadores de la salud analizaron la crítica situación del sector prestador de salud privada que, de no tomarse medidas urgentes, no contará con los recursos necesarios para poder atender normalmente a la población a partir de enero de 2021.
El sector prestador de la salud privada está compuesto por clínicas, sanatorios, hospitales privados, laboratorios de análisis clínicos, entidades de diagnóstico y tratamiento médico ambulatorias, empresas de emergencias médicas, empresas de internación domiciliaria, diálisis, clínicas de salud mental y establecimientos geriátricos. Representa un sector crítico en el plano sanitario -atiende a 7 de cada 10 personas en el país- y en el económico, ya que emplea a la mayoría de los y las profesionales y técnicos de la salud.
Estas empresas atraviesan una crisis fuertemente agravada por los efectos de la pandemia, por el abrupto aumento de costos, ingresos congelados y la decisión de finalizar el plan de ayuda a través del ATP y el decreto 300-2020 a partir del 31 de diciembre de este año. El sector viene sufriendo una crisis estructural desde 2002, cuando se declaró la Emergencia Sanitaria por primera vez.
Los prestadores de salud deben afrontar altos costos en dólares de insumos médicos e infraestructura, además de una fuerte presión tributaria, por la que, por cada 10 pesos que ingresan, el sector paga 4 pesos de impuestos.
En este contexto, desde la FAPS explicaron que “la pandemia profundizó el estado de emergencia como consecuencia de las subas en los costos operacionales a partir de la implementación de protocolos de distanciamiento y la aparición de nuevos costos por efecto de los insumos especiales para la atención del COVID 19; el incremento de costos salariales para contar con personal licenciado por riesgo, aislado o contagiado, y otros costos que generó la abrupta caída en la demanda de atención médica ante las restricciones de circulación y el temor de la población al contagio”.
En reuniones con representantes del Gobierno nacional, la FAPS elevó distintas propuestas para alcanzar una solución a tiempo de esta crisis, tales como el aumento de las tarifas de los financiadores y un reordenamiento impositivo que deje de ahogar al sector y le permita sostenerse de manera sólida y sustentable.
Asimismo, advirtieron la necesidad “impostergable” de trabajar en medidas económicas estructurales que den sostenibilidad al sector.
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