A pesar de ser un sector esencial para la salud y la economía de los argentinos, las medidas de alivio no llegan adecuadamente, la fuerte caída de la actividad no se revierte, sus aranceles continúan depreciados y sus costos necesitan urgente atención.
Con anterioridad a la crisis del COVID el sector ya venía arrastrando una situación de extrema gravedad económica financiera, caracterizada por la continua inflación de los costos sin suba de los aranceles; en el marco, además, de un progresivo proceso de concentración económica en el financiamiento y la prestación.
Sumado a este contexto, la cuarentena vino a agravar el escenario: el aumento de los costos, las dificultades planteadas a las Pymes para acceder a programas de auxilio financiero, y la baja sustantiva en la demanda (60% promedio), empujan la situación de estas empresas hacia el quebranto.
Diversos estudios de CA.DI.ME han mostrado como este eslabón -el más débil de la cadena de valor en salud- ya venía perdiendo participación relativa en la asignación de los recursos sanitarios sectoriales, frente al incremento del gasto en medicamentos y las prestaciones de alto costo, fundamentalmente (prestaciones en ambulatorio caen de 45 a 37%, Laboratorio y DxI, reflejan una disminución en su participación relativa de 4.8 a 3.7% y de 8.6 a 6.3%).
Según una encuesta a nivel nacional realizada por CA.DI.ME, el 98% de los prestadores manifestó una significativa caída en su nivel de trabajo habitual, el 43% se encontró con problemas para la compra o abastecimiento de sus insumos esenciales, y el 55% observó aumentos inusuales en sus insumos y servicios necesarios para su actividad.
Además, la Cámara detecto que aproximadamente un 57 % de estas empresas no han recibido aun su aceptación como beneficiarios del Programa ATP para el mes de mayo 2020, mientras que alrededor de un 40% ni siquiera pudo contar con esta ayuda para el mes de abril.
Pese a que las Pymes de Salud que representamos cobran sus aranceles depreciados en plazos que se extienden entre los 60 y los 120 días desde la facturación, y con débitos sin justificación operativa ni documental, a pesar que recientemente por Resolución 465/2020 se otorgo apoyo financiero de excepción a los Agentes del Seguro de Salud para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de salud y el pago en tiempo y forma a los prestadores.
Por ello, CA.DI.ME solicitó a la Superintendencia de Servicios de Salud que garantice que los pagos que reciben los prestadores de parte de las obras sociales y prepagas se realicen en plazos razonables y en forma regular, incluso si ello requiriese de pagos a cuenta, para evitar el mayor deterioro y eventual pérdida irreparable de oferta prestacional del sistema de salud.
También reclamó que los financiadores incluyan en la formulación de los aranceles a reconocer por prácticas ambulatorias los costos derivados de las condiciones de bioseguridad que en el actual contexto epidemiológico se han extendido notablemente, por una parte, y además representan para los prestadores un costo mucho más elevado que antes de la pandemia.
En los últimos 10 años los aranceles de los prestadores de diagnóstico ambulatorio (laboratorios de analisis clinicos y diagnostico por imagenes) se incrementaron en poco más de 10 veces mientras que en igual período el aumento de los costos ha sido casi 27. Esto representa una brecha del 153% entre aranceles y costos. La suma de las medidas de alivio vigentes para el sector (Decreto 300/2019, Adelantamiento del MNI y No contributividad CCT), impactan actualmente en aproximadamente el 12,62% de su masa salarial, a todas luces insuficiente frente a este desfase en sus costos.
Se trata en definitiva de un sector de suma importancia a la hora de fortalecer la respuesta social a la pandemia, sumando recursos y alternativas accesibles y de calidad, y contribuyendo a evitar la saturación de los servicios asistenciales que atienden urgencias y ofrecen internación.
En este escenario, es imprescindible entonces:
– Reconocer el caracter de esenciales a todas las actividades de diagnóstico y tratamiento ambulatorio,
– Proteger con políticas activas la subsistencia de las Pymes de salud, e
– Integrarlas al esfuerzo social para enfrentar y superar la crisis de la pandemia.