Actualidad en Discapacidad
Hacia un modelo de derechos humanos, equidad e inclusión sistémica
Hablar de discapacidad es hablar, ante todo, de personas. Personas con proyectos, capacidades, deseos y derechos, que pueden encontrar barreras en su entorno para participar plenamente en la vida social. Desde esta mirada, la discapacidad no constituye una característica que define a una persona, sino una condición que surge de la interacción entre sus características individuales y el contexto en el que vive.
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En la República Argentina, la discapacidad se entiende como el resultado de la interacción entre una persona con una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial de largo plazo y las barreras del entorno que pueden limitar o impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas.
Este concepto se sustenta en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada al ordenamiento jurídico argentino mediante la Ley N.º 26.378 y con jerarquía constitucional otorgada por la Ley N.º 27.044. En línea con este paradigma, la Ley N.º 22.431 establece el Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, garantizando derechos en materia de salud, rehabilitación, educación, trabajo, accesibilidad y seguridad social. Asimismo, la Ley N.º 24.901 crea el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, asegurando el acceso a servicios de prevención, asistencia, rehabilitación y apoyos destinados a favorecer la autonomía, la inclusión y una mejor calidad de vida.
Este enfoque implica un cambio de mirada: la discapacidad deja de entenderse exclusivamente desde una perspectiva médica o centrada en el déficit y pasa a reconocerse como una cuestión de derechos humanos. Esto significa que la verdadera inclusión no depende únicamente de los tratamientos o apoyos que reciba una persona, sino también del compromiso de la sociedad para construir entornos accesibles, eliminar barreras y garantizar la participación de todas las personas en igualdad de oportunidades.
Promover una sociedad más inclusiva es una responsabilidad compartida entre el Estado, las instituciones y la comunidad. Solo a través del respeto por la diversidad, la accesibilidad universal y la eliminación de barreras físicas, comunicacionales, sociales y actitudinales es posible garantizar el pleno ejercicio de los derechos y favorecer una participación activa y significativa de todas las personas.
