La Cámara Argentina de Centros de Medicina Física y Rehabilitación CAMFRE y la Cámara de Instituciones de Diagnostico Medico CA.DI.ME, firmaron una alianza estratégica con el fin de instrumentar acciones conjuntas en procura de una urgente recomposición arancelaria del sector.

La Cámara de Instituciones de Diagnostico Medico y la Cámara Argentina de Centros de Medicina Física y Rehabilitación, acordaron acciones conjuntas mediante la firma de un Acuerdo de Cooperación, con la presencia del Presidente de CA.DI.ME, Guillermo Gómez Galizia, su Vicepresidente Martin Iturraspe, su Secretario José Laurensio y su Director General Hernan Grecco. Por CAMFRE estuvieron presentes su Presidente Joaquín Britos y su Secretario Luciano Villalba.  

En dicho encuentro, las autoridades de las Entidades manifestaron su preocupación por el permanente agravamiento de la situación crítica en la que se encuentra el sector salud en general, y en particular los centros de medicina física y rehabilitación.

CAMFRE y CA.DI.ME destacaron que el Gobierno Nacional a través de la Resolución 2125/21, autorizó un incremento en tramos de las cuotas que los afiliados pagan a la medicina prepaga (EMP) cercano al 41,5% en total, con la obligatoriedad de su traslado a los prestadores. Según un relevamiento nacional efectuado por ambas Cámaras, solo un 30% de los prestadores ambulatorios – mayoritariamente pymes – recibieron los aumentos pactados por parte de las obras sociales nacionales y prepagas.

A su vez manifestaron que hasta el 2020 los aranceles venían con un retraso enorme con respecto a la inflación y a la evolución del tipo de cambio y en relación a los mismos aumentos autorizados en los años previos por la Superintendencia de Servicios de Salud a las EMP. La brecha acumulada por esas distorsiones asciende al 153 %. 

CA.DI.ME y CAMFRE vienen alertando sobre el impacto negativo que soportan los prestadores independientes que representan, dados los fuertes aumentos de sus costos operativos mientras sus ingresos dependen de valores arancelarios rígidos, definidos básicamente por las obras sociales y prepagas.

Además, estos aranceles depreciados se cobran con 60, 90 y hasta 120 días de retraso, con quita de valores facturados sin ningún tipo de justificación operativa ni documental y en algunos casos a través de mecanismos de intermediación como las denominadas gerenciadoras.

Es por ello que las Cámaras solicitaron la urgente instrumentación desde la Superintendencia, de medidas de contralor que permitan la rápida implementación de la actualización de aranceles especificados en la resolución mencionada.

Para ambas Instituciones, adquiere mayor relevancia la necesidad de adoptar medidas dirigidas a mejorar los ingresos de este importante y clave sector de pequeñas y medianas empresas, una de las cuales es el funcionamiento pleno del Consejo Permanente de Concertación en su rol de paritaria arancelaria, previsto por las Leyes 26.682 y 23.661.

Por último, CAMFRE y CA.DI.ME continuaran abogando por el adecuado equilibrio que debe existir entre todos los sectores que hacen a esta actividad de la salud para que ninguno quede afuera de la misma y para que de verdad sea posible la construcción de un estado de salud con equidad y calidad para toda la población.

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