A pesar de ser un sector esencial para la salud y la economía de los argentinos, las positivas medidas de alivio adoptadas por el Gobierno Nacional no llegan adecuadamente, la fuerte caída de la actividad no se revierte y sus costos necesitan urgente atención.
Diversos estudios de la Cámara de Instituciones de Diagnostico Medico – CA.DI.ME – han mostrado como los prestadores de diagnostico y tratamiento médico ambulatorios – integrantes del eslabón más débil de la cadena de valor en salud[1]– ya venían perdiendo participación relativa en la asignación de los recursos sanitarios sectoriales (Prestaciones en ambulatorio -caen de 45 a 37%-, Laboratorio y Diagnostico por Imágenes reflejan una caída en su participación relativa de 4.8 a 3.7% y de 8.6 a 6.3% respectivamente).
Con anterioridad a la crisis del COVID-19 el sector se encontraba en una situación de extrema gravedad económica financiera, caracterizada por la continua inflación de costos sin su correspondiente aumento de los aranceles en el marco además, de un progresivo proceso de concentración económica en el financiamiento y la prestación.
Sumado a este contexto, la “cuarentena” agravó el escenario: el aumento de los costos, las dificultades planteadas para acceder a programas de auxilio financiero, y la baja sustantiva en la demanda, empujan la situación de estas empresas hacia el quebranto.
Según una encuesta a nivel nacional realizada por CA.DI.ME, el 98% de los prestadores manifestó una significativa caída en su nivel de trabajo habitual, el 43% se encontró con problemas para la compra o abastecimiento de sus insumos esenciales, y el 55% observó aumentos inusuales en sus insumos y servicios necesarios para su actividad.
Además, la encuesta reflejó que un porcentaje muy importante no fue aceptado como beneficiario del Programa ATP.
Por diversas Resoluciones (995/2020 y anteriores) se ha otorgado un apoyo financiero de excepción a los Agentes del Seguro de Salud por más de $ 3391 millones, compensando la caída en los ingresos a niveles previos a la pandemia, para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de salud y el pago en tiempo y forma a los prestadores. No obstante, este sector continúa cobrando sus aranceles depreciados en plazos que se extienden entre los 60 y los 120 días desde la facturación, llegando estos mayores fondos en el mejor de los casos solo hasta el segundo nivel de atención.
En los últimos 10 años el aumento de sus costos ha sido de casi 27 veces mientras que los aranceles se incrementaron en poco más de 10 veces. Esto representa una brecha del 153% entre costos y aranceles.
Estas pequeñas y medianas empresas son generadoras de empleo genuino. Su recurso humano es clave con una participación del salario aproximada al 60% en su estructura de costos. Si además se consideran otros costos fijos adicionales, entre un 70% y un 85% de los gastos de funcionamiento son fijos, es decir que se deben cubrir aunque los establecimientos registren una baja promedio del 60% en su demanda. Por ello es que en el corto plazo la posibilidad de superveniencia es prácticamente cero, sino se toman medidas para mitigar estos efectos.
En este contexto CA.DI.ME solicito a la Superintendencia de Servicios de Salud que garantice que los pagos que reciben los prestadores de parte de las obras sociales y prepagas se realicen en plazos razonables y en forma regular, incluso si ello requiriese de pagos a cuenta[2], para evitar el mayor deterioro y eventual pérdida irreparable de oferta prestacional del sistema de salud.
También reclamo que los financiadores incluyan en la formulación de los aranceles a reconocer por prácticas ambulatorias los costos derivados de las condiciones de bioseguridad que en el actual contexto epidemiológico se han extendido notablemente, por una parte, y además representan para los prestadores un costo mucho más elevado que antes de la pandemia.
Se trata en definitiva de un sector de suma importancia a la hora de fortalecer la respuesta social a la pandemia, sumando recursos y alternativas accesibles y de calidad, y contribuyendo a evitar la saturación de los servicios asistenciales que atienden urgencias y ofrecen internación.
En este escenario, es imprescindible entonces:
– Reconocer el caracter de esenciales a los prestadores de diagnóstico y tratamiento médico ambulatorios,
– Proteger con políticas activas la subsistencia de estas Pymes de salud, e
– Integrarlos al esfuerzo social para enfrentar y superar la crisis de la pandemia.
[1] La cadena de valor en salud. La reasignación de la Inversión en Salud hacia las prestaciones de alto Costo atenta contra la eficiencia y equidad. Marzo 2020.
[2] Así como se le ha adelantado a las Obras Sociales, recursos para el pago de las prestaciones del SUR, a través de la Resolución 950/2020.